En el presupuesto nacional 2009 Santa Fe pierde

El senador nacional del PS Rubén Giustiniani denunció que el Presupuesto 2009 aprobado ayer en la Cámara alta significa una pérdida de recursos para Santa Fe equivalente a 2800 millones de pesos por menores transferencias de coparticipación federal y que el presupuesto "...es una mera formalidad: sobreestima gastos, excluye los vencimientos de la deuda externa del próximo año y la incorporación de recursos extras por la reestatización del sistema previsional, ignora la crisis financiera internacional y profundiza la injusticia en la distribución de los recursos nacionales..."
Durante su exposición en el Senado señaló que "éste presupuesto consolida la injusticia en la distribución de los recursos nacionales que transferirá a las provincias el 24 por ciento de los ingresos tributarios muy lejos de la garantía establecida por la ley de Coparticipación Federal de impuestos del 34 por ciento sobre el total de los recursos".

El compañero Giustiniani enfatizó que "Además de subestimar los ingresos y sobreestimar los gastos deliberadamente, para disponer de un excedente gigantesco para usarlo discrecionalmente, como se viene practicando en los últimos años" y que "en la actualidad no hay ninguna consideración respecto a la crisis internacional ni a la inyección de recursos extras que provendrá de la aprobación de la reestatización del sistema previsional" y condenó que "Nuevamente los superpoderes con la delegación de las facultades al Jefe de Gabinete y la continuidad de la emergencia económica significarán la continuidad de la discrecionalidad del manejo de los fondos públicos".

SER JOVEN NO ES DELITO

La Juventud Socialista de la ciudad de Santa Fe expresó su posición con respecto a un tema ligado a la inseguridad, que no es nuevo pero que en estos momentos debido a recientes declaraciones públicas de algunos funcionarios ha cobrado debate: la baja en la edad para la imputabilidad del delito.

El diario UNO de Santa Fe publicó hoy, miércoles 6 de noviembre, parte del comunicado de prensa que reproducimos a continuación:

Antes de hablar de IMPUTABILIDAD, hablemos de INCLUSIÓN SOCIAL. Sin políticas públicas y excluyendo a más del 40% de los jóvenes el discurso de la punibilidad pone en evidencia la ineficacia y demagogia a la hora de pensar políticas públicas que reviertan el problema de la inseguridad.
Ante las opiniones que se dieron a oír desde diversos sectores políticos acerca de impulsar la reducción de la edad de imputabilidad, las y los jóvenes socialistas de la ciudad de Santa Fe creemos que es fundamental que las juventudes argentinas seamos voces claves en un debate donde parece que ser joven y pobre es delito.
Personalidades altamente calificadas como Carmen Argibay, Elías Neuman y Ma. del Carmen Falbo ya se han manifestado públicamente señalando que “la solución frente a la inseguridad no está en bajar la edad, ni en subir las penas” y enfatizaron en que “los responsables son los adultos que han abandonado a los menores” vedándoles entre otros derechos, el acceso a la alimentación, la salud, la educación, el trabajo y la vivienda.
En nuestro país la extensión de la pobreza es particularmente grave en el grupo entre 15 y 18 años de edad, donde la proporción de jóvenes pobres alcanza al 40% y el 13,2% viven en hogares que no logran completar los ingresos necesarios para la adquisición de alimentos que garanticen el consumo nutricional necesario según los especialistas de la salud[1]. Asimismo la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) destacan que los problemas más acuciantes que enfrentan las y los jóvenes en nuestro país son la pobreza, la marginalidad, la desocupación y la exclusión social.
Ante esta situación creemos es fundamental recordar las obligaciones a las que el Estado se ha comprometido internacionalmente (entre otras la Convención de Derechos del Niño y las Directrices de Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil) que dan respuestas integrales para el abordaje de la niñez, la adolescencia y el delito pero en clave de derechos. Asimismo solicitamos se incorporen nuevas herramientas de derechos como la Convencion Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes[2], la ley provincial de protección integral de niños, niñas y adolescentes y se asignen partidas presupuestarias acordes a una política social que incluya y proteja la niñez y la juventud en lugar de estigmatizarla y condenarla.
Creemos mentiroso e irresponsable reducir la discusión de un tema tan profundo como el de la inseguridad, de clara raíz social, a bajar dos años más o dos años menos la imputabilidad. Vemos con mucha preocupación este rebrote de las recetas Blumgbergianas, que tuvieron eco en nuestra legislación penal aumentando penas a ciertos delitos cuyas tasas no bajaron. Quien delinque no anda con el código penal debajo del brazo. Las recetas de “mano dura” caen por su mismo peso cuando analizamos que las tasas de delictuosidad son totalmente proporcionales al aumento de la brecha entre quienes más tienen y quienes menos tienen. Nuestra propuesta es a recuperar el valor de la vida de los niños y jóvenes, porque como dice Argibay “estos chicos tienen la noción de que su vida no vale nada, absolutamente nada. Entonces si su vida no vale nada, la de los otros tampoco y no tienen reparos (en atentar contra la vida de sus semejantes), pero esto es todo falta de atención, de educación" del mundo adulto.
[1] Datos extraídos del documento “POLICY MEMO NACIONAL. Versión Final. Argentina 2007” elaborado por el Proyecto Colectivo Latinoamericano de Jóvenes, con el apoyo de FLACSO y la Kellogg Foundation.
[2] El Diputado Nacional por el Partido Socialista Miguel A. Barrios presento en el mes de octubre del corriente la solicitud al Poder Ejecutivo Nacional la pronta ratificación de la Convencion Iberoamericana de derechos de los Jóvenes.