Giustiniani justificó su pedido señalando que “una vez más las sospechas sobre ‘zonas liberadas’, y pasividad y/o connivencia policial ante hechos de violencia gravísimos, se ciernen sobre las fuerzas policiales que deberían estar encargadas de garantizar la seguridad de los ciudadanos, por ello es necesario que los responsables políticos ejerzan un férreo control sobre las fuerzas de seguridad, velando para que estas cumplan su rol legal, y evitando que se conviertan en una amenaza más para la convivencia democrática”.
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